El Pleno de la Junta Nacional de Justicia pone en conocimiento de la ciudadanía en general que durante el desarrollo del concurso público de méritos para la selección y nombramiento de el/la Jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE – materia de la Convocatoria N° 002-2020-SN/JNJ, acordó por unanimidad declarar infundada la inhibición formulada por el miembro de la Junta, doctor Aldo Vásquez Ríos, respecto de su intervención en las fases pendientes del mencionado concurso público al amparo de lo establecido por el inciso f) del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, al haber advertido que el postulante Piero Alessandro Corvetto Salinas ha sido profesor a tiempo parcial en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en períodos en los que el doctor Vásquez Ríos se desempeñó como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales o Vicerrector de dicha casa de estudios.
La decisión del Pleno de la Junta se fundamenta, entre otros argumentos, en que el Consejo Universitario que conformó el doctor Vásquez Ríos es un órgano de gobierno que si bien aprueba contrataciones, no las materializa ni tampoco subordina a un profesor a cualquiera de sus miembros, en tanto que dicha función le corresponde a los órganos administrativos; en que de acuerdo a lo señalado por el doctor Aldo Vásquez, no tiene relación con el citado profesional, en ningún caso ha trabajado directamente bajo sus órdenes y no ha compartido ningún espacio laboral específico, motivos por los que no se encuentra presente el presupuesto de subordinación a que se refiere al inciso f) del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Junta. Esta decisión ha sido plasmada en la Resolución N° 137-2020-JNJ del 29 de julio último en la que se desarrollan ampliamente los fundamentos de la decisión adoptada. (VER RESOLUCIÓN)
De manera posterior, la participación del doctor Aldo Vásquez Ríos en el concurso público antes mencionado, ha sido objeto de pedido de inhibición en base a los mismos hechos ya descritos, evaluado el mismo, de forma unánime, ha sido declarado no atendible por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (revisar petitorio de inhibición). En mérito a esta situación consideramos sustancial dar a conocer a la opinión pública la decisión adoptada por el Pleno de la Junta y los fundamentos que la sustentan.
Por otro lado, es pertinente resaltar de manera especial que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia en su permanente afán de transparentar su accionar, ha suscrito la “Declaración Ético-Política de Principios que regulan la Gestión de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia – JNJ” el 16 de enero del presente año en la cual se declara, reconoce y decide el cumplimiento estricto de seis principios base que regirán su accionar, entre los que se encuentran: el principio de independencia e imparcialidad, por el cual las deliberaciones y decisiones del Pleno se tomarán en el marco de dicho principio; principio de asunción de responsabilidad, por el cual nos comprometemos a observar escrupulosamente las exigencias constitucionales y legales propias de la función; el principio de ejercicio ejemplar y adecuado del cargo, por el cual se expresa el compromiso de asumir un comportamiento personal y profesional correcto, íntegro y compatible con la investidura del cargo. Esta declaración señala también que el incumplimiento de estos preceptos podría redundar en la apertura de procesos disciplinarios a sus propios integrantes.
Se puede acceder a la mencionada declaración a través del siguiente enlace: (Ver Declaración Ético – Política)
Por último, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia manifiesta enfáticamente que todas sus actuaciones y decisiones (todo su accionar) se desarrolla con total independencia y transparencia, siempre dentro del marco de lo que establece la Constitución Política, la ley y sus propias convicciones éticas. Es plenamente consciente de lo trascendental del encargo conferido de las competencias constitucionales. Por ello, ratifica su compromiso ante la ciudadanía y la comunidad jurídica con el pleno respeto de los principios constitucionales, éticos y morales en el desarrollo de cada una de sus funciones.
Lima, 20 de agosto de 2020
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
